El comedor escolar no es un catering: es una política pública de infancia.
Xixón, 15 mayo 2026
Durante los últimos años, los comedores escolares han sido tratados demasiadas veces como un servicio de segunda, una mera cuestión logística, un trámite administrativo o, en el peor de los casos, un contrato más que adjudicar al menor coste posible. Sin embargo, el comedor escolar es mucho más que eso. Es salud pública, conciliación, educación, igualdad social y bienestar infantil.
El documento para la mejora de los comedores escolares que las AMPAS de Xixón agrupadas en la FAPA Miguel Virgos hemos presentado al Ayuntamiento pone sobre la mesa una realidad incómoda: muchas de las carencias actuales no son anecdóticas, sino estructurales. Y lo más relevante es que las propuestas no nacen de una crítica vacía, sino de una reflexión profundamente sensata sobre cómo debería funcionar un servicio esencial para miles de niños y niñas.
La reivindicación principal resulta difícil de discutir: recuperar cocinas de cercanía. La diferencia entre una comida elaborada in situ y otra producida a kilómetros de distancia y recalentada en envases de plástico no es solo una cuestión gastronómica. Tiene implicaciones nutricionales, ambientales, sanitarias y educativas. Convertir los colegios en espacios donde la alimentación forme parte del aprendizaje exige abandonar la lógica industrial que ha dominado muchos contratos públicos.
Las familias no planteamos una utopía imposible. Hablamos de planificación, de presupuestos y de voluntad política. Proponemos un plan director de construcción de cocinas escolares y recordamos algo elemental: si existen recursos para otras infraestructuras, también deberían existir para garantizar una alimentación digna en la infancia. Resulta llamativo que, en pleno debate social sobre sostenibilidad y salud, todavía haya que justificar la necesidad de cocinar comida fresca para los menores.
El texto también apunta a una de las grandes contradicciones de la contratación pública: se exige calidad mientras el criterio económico sigue teniendo un peso desproporcionado. Cuando la prioridad es abaratar costes, el resultado suele ser previsible: materias primas de peor calidad y precarización del servicio. Las familias planteamos reforzar criterios como el kilómetro cero, la compra verde y los productos locales. No es solo una defensa de la economía de proximidad; es una manera de entender la alimentación como parte de una política pública coherente.
Especialmente relevante es el principio de precaución que reclamamos respecto al uso de plásticos para transportar y recalentar la comida. Aunque existan materiales autorizados legalmente, cada vez hay más preocupación científica sobre los posibles efectos acumulativos de ciertos compuestos químicos en la salud infantil. Quizá el debate no debería centrarse únicamente en lo que está permitido, sino en qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir cuando hablamos de niños y niñas que comen así durante años, en una etapa tan determinante para la salud como la infancia.
Pero también queremos poner el foco sobre algo que suele invisibilizarse: las condiciones laborales y organizativas del personal de comedor. Ratios insuficientes, horarios imposibles y falta de formación repercuten directamente en la atención que reciben los menores. Pretender que un comedor funcione adecuadamente con personal desbordado es tan absurdo como pensar que una clase puede sostenerse sin docentes suficientes.
La propuesta de aumentar el número de monitores y monitoras, especialmente en Infantil y en casos de necesidades educativas especiales, no parece precisamente exagerada. Más bien revela hasta qué punto algunas administraciones han normalizado niveles mínimos de atención incompatibles con un cuidado de calidad. Lo mismo ocurre con la exigencia de formación en primeros auxilios, higiene o gestión educativa. Un comedor escolar no debería ser un simple espacio de vigilancia hasta que lleguen las familias; también es un entorno educativo.
Por eso toca insistir en la dimensión pedagógica del comedor. Enseñar hábitos de higiene, fomentar una relación saludable con la comida o gestionar conflictos forman parte de la educación integral de cualquier menor. Y aquí las familias introducimos una idea importante: no obligar a comer, no castigar y comprender que la relación con la alimentación también tiene una dimensión emocional. Frente a modelos antiguos basados en la imposición, proponemos enfoques más respetuosos y educativos.
Otro aspecto fundamental es la transparencia. Resulta difícil entender por qué, en servicios financiados con dinero público y dirigidos a menores, las familias encontramos tantas barreras para acceder a información básica. Saber qué ingredientes se utilizan, cuántas raciones se sirven o cuántos monitores y monitoras hay no debería ser una concesión extraordinaria, sino una obligación elemental de cualquier administración pública.
En este sentido, la posibilidad de que las AMPAS puedan realizar catas y comprobar directamente la calidad de los menús es una propuesta esencial que se basa en los derechos que tenemos como consumidores y como responsables de nuestros hijos e hijas. No solo queremos saber lo que comen: es que debemos saberlo. Porque cuando las familias participan, el control deja de depender exclusivamente de inspecciones burocráticas ocasionales. La experiencia demuestra que muchos problemas salen a la luz precisamente gracias a la observación cotidiana de quienes conviven con el servicio.
Las familias somos un aliado fundamental. Ahí está la clave. Durante años, muchas administraciones han percibido a las familias organizadas como una molestia o una fuente de conflicto. Sin embargo, es exactamente lo contrario: las familias estamos aportando propuestas concretas, viables y orientadas al interés general.
Conviene decirlo con claridad: esta reivindicación no va de partidismos, ni de siglas, ni de utilizar la infancia como campo de batalla política. Va de algo mucho más básico y mucho más importante: defender los derechos de los niños y las niñas. El comedor escolar afecta a su salud, a su bienestar, a su educación, a su seguridad y a su igualdad de oportunidades. Por eso debería estar por encima de cualquier cálculo partidista.
Cuando hablamos de comida fresca, de cocinas de cercanía, de personal suficiente, de transparencia o de condiciones dignas, no estamos defendiendo una posición ideológica concreta. Estamos defendiendo que la infancia sea tratada como una prioridad real. Los niños y las niñas no votan, no negocian contratos y no deciden presupuestos, pero son quienes más directamente sufren las consecuencias de las decisiones públicas. Y son, además, el futuro de nuestra sociedad.
Cuidar los comedores escolares es cuidar la democracia desde su base más sencilla y más profunda: garantizar que todos los menores, con independencia del barrio en el que vivan o de la situación económica de sus familias, puedan alimentarse bien, ser atendidos con dignidad y crecer en entornos seguros y educativos. Esa debería ser una causa común. Porque proteger la infancia no debería dividirnos, debería unirnos.
El verdadero debate es la cuestión de fondo sobre qué modelo de infancia y de servicios públicos queremos construir. Si aceptamos que los comedores escolares sean gestionados únicamente bajo criterios de rentabilidad económica, estaremos asumiendo que la alimentación infantil es un gasto más que contener. Pero si entendemos que comer bien también es educar, cuidar y garantizar igualdad social, entonces las prioridades cambian por completo. Y quizá este asunto deje de ser tratado como un imposible para ocupar el lugar que merece: un tema central en la construcción de democracia.
Firman y apoyan este escrito numerosas Familias y representantes de AMPAs de colegios públicos de Gijón.